Los refugiados ponen a prueba nuestra educación

Miles de seres humanos huyen de la guerra en Siria, las víctimas del fanatismo islamista que una torpe política internacional ha fomentado, y se suman al drama de otros miles más que irrumpen a las puertas de Europa acosados por otros tantos conflictos o simplemente por el hambre. Acuden a nuestras fronteras porque esperan participar de las oportunidades que una sociedad opulenta les puede ofrecer, sin que el duro calvario que les espera y conocen les paralice. El paro, la desigualdad, la injusticia que millones de ciudadanos europeos padecen se convierte en esperanza para quienes vienen perseguidos por el hambre, la enfermedad, la guerra o la muerte.

El espectáculo de los líderes europeos esquivando el bulto, unos más que otros, intentando que la cuota de acogidos sea la menor posible, pone en evidencia que gran parte de la política que motiva a nuestros dirigentes se basa en el cálculo. Creen que los refugiados pueden generar conflictos en sus sociedades y pretenden posicionarse entre sus socios del modo más ventajoso. Opinan que poner en riesgo el bienestar de sus ciudadanos puede dar al traste con sus expectativas de voto y renuncian, si es que los tienen, a los principios más elementales del derecho humanitario.

Europa es la cuna de la Ilustración, del imperio de la razón, de la justicia social y del derecho inspirado en tales valores. Los europeos hemos sido capaces de superar atavismos que bajo la superstición, el fanatismo religioso o la ignorancia permitían el abuso, la injusticia y la tiranía como sistema social de “convivencia”. En ese trayecto han sucumbido o se han realizado miles de heroísmos, pero el verdadero motor del cambio, la palanca de la acción ha sido la construcción ideológica de un sistema de valores que sitúan la igualdad entre todos los seres humanos en el frontispicio de tal construcción. Ha sido la razón la que nos ha permitido pensar por nosotros mismos liberándonos de dogmatismos y la educación la que ha afianzado en nuestras mentes lo que siempre ha estado en nuestros corazones.
Una sociedad que pone como principal objetivo la generación de riqueza y supedita al mismo, por incómodos, valores esenciales del humanismo, será fuente mundial de tensiones y conflictos cada vez mayores, pues sitúa como regla de juego la ley del más fuerte y traslada el mensaje nítido de que, no ya la justicia, sino el derecho mismo a la vida debe conquistarse. Cuando no cabe apelar al derecho ni a la razón; cuando los Derechos del Hombre y del Ciudadano son mera literatura, cuando la desesperación nos acorrala y nadie ofrece una salida, cualquier reproche a la deshumanización de los hombres es pura hipocresía. Cómodamente instalados en nuestros hogares observamos el drama de millones de seres humanos y pasamos sin solución de continuidad a los anuncios publicitarios o a los programas de entretenimiento sin que en se remueva en nuestras conciencias algo más que un leve disgusto. A veces ese drama se individualiza, como hace unos días, en la figura de un niño muerto varado en la arena y somos capaces de entender la inocencia, la alegría, la esperanza y el futuro de una vida humana, tal cual como la nuestra, que han sido abatidas por nuestra culpa.

No necesitamos políticos gestores, necesitamos líderes que estén dispuestos a enfrentarse contra sus sociedades si hace falta, exigiendo de Europa la solidaridad, la justicia y la igualdad que han definido su buena educación. Necesitamos a quienes creen que el mundo no solo debe, sino que puede ser mejor; no para hacer locuras en busca de una Arcadia feliz, sino para hacer cumplir la exigencia ética de una Europa que quiere volver a sentir aprecio por sí misma.

Nuestra sociedad ha pasado por episodios similares, no tan lejanos, a los que hoy padece el pueblo sirio; pero no es la memoria de la víctima lo que nos debe mover, sino el honor del que se quiere reconocer a sí mismo en la coherencia entre sus acciones y su educación.

Ismael Sáez Vaquero
Sec. General MCA-UGT-PV

Categoría: Sociedad

El cierre de la planta de Bosal, un atraco legal

Es muy posible que más de 200 empleos directos y un buen número de indirectos se pierdan en la ya de por sí muy castigada comarca del Camp de Morvedre con el cierre anunciado de su planta por parte de la multinacional BOSAL, fabricante de tubos de escape para el automóvil. Se trata de empleos industriales, es decir: indefinidos, con salarios por encima de la media y con derechos.

Esta decisión se toma por parte de una multinacional que se instaló en el Puerto de Sagunto al calor de las ayudas públicas para la reindustrialización de la comarca y durante un buen número de años ha proporcionado empleo, pero también sustanciales beneficios a BOSAL. Ahora, cuando la administración laboral ha abandonado su capacidad de intervención y la ley concursal permite que se declare en concurso una multinacional solvente y rentable, deciden cerrar con el argumento de que la planta de Sagunto no es viable y, lamentablemente, es posible que les salga bien la operación.

Con la Reforma Laboral la aprobación o no de los tristemente famosos ERE´s pasó de manos de la Administración Laboral a ser simplemente una decisión unilateral de las empresas que, sólo faltaría, queda a la revisión de la justicia. Así pues, en este conflicto la Administración Laboral valenciana ha intentado mediar con buenos oficios, pero carente de toda capacidad de intervención ha sido ninguneada por la Dirección de la multinacional que ha dejado de atender las llamadas de dicha Administración cuando le ha venido en gana.

Los números de la planta en Sagunto se deterioran porque la multinacional decide desinvertir y asignar su carga de trabajo entre las distintas plantas que posee en el mundo y no atiende a las propuestas que para hacerla más competitiva se le han dirigido desde la Representación Legal de los Trabajadores y desde las organizaciones sindicales en que se organizan. Durante un dilatado periodo de tiempo han echado mano de expedientes de regulación de empleo temporal; es decir, han consumido prestaciones por desempleo de sus trabajadores para mantener sus números a raya. Pero no se trataba de un escenario coyuntural; sino de una decisión premeditada, urdida y calculada de cierre de la planta al menor coste posible y con el mayor daño para los trabajadores y sus familias.

Para conseguirlo han solicitado la declaración de concurso voluntario y expresado ante el juzgado mercantil nº 3 de Valencia su decisión de ir a liquidación con el argumento de su insolvencia, como si la planta de Sagunto no fuese una más de las muchas plantas que tienen a lo largo y ancho del planeta. Pero así están las cosas, una empresa multinacional, absolutamente solvente y con beneficios, que ha recibido ayudas públicas, pide ser tratada como una pequeña empresa familiar y nuestra legislación se lo admite.

Por eso decimos que estamos ante un atraco legal, el que se puede perpetrar por el abandono miope de la Administración de sus anteriores prerrogativas y la existencia de una ley concursal que limita la responsabilidad de una multinacional con sus acreedores al devenir de una sola de sus plantas. Del lado de los atracados estamos todos: los trabajadores y sus familias en primer término, los vecinos de Sagunto que ven como una industria más se va de la comarca y la sociedad valenciana que puso en su día recursos públicos para su instalación. Han dejado a nuestros representantes políticos colgados al otro lado del teléfono, se han burlado en su cara y, aunque una parte de responsabilidad les pudiera ser imputada, es tanto como burlarse del pueblo valenciano.

Por todo lo expuesto creemos que hay suficientes razones para acudir el próximo 22 de Enero a las 18 horas a la Manifestacion convocada en el Puerto de Sagunto por UGT y CCOO.

Ismael Sáez Vaquero
Sec. General MCA-UGT-PV

CEOE, o El contrapunto a Podemos es Jodemos

Las últimas, por el momento, propuestas de la CEOE para una ciudadanía como la española, sumida en una profunda crisis no sólo económica, sino de cohesión social y política, son objetivamente una provocación.
En materia de contratación, plantean un paréntesis legal de un año para poder despedir sin causa ni indemnización; que se resuelvan como sea los obstáculos que la Carta Social Europea ratificada por España pone al periodo de prueba de un año impuesto por la Reforma Laboral; que se descausalice la contratación temporal y se puedan concatenar contratos sin limitación; que el contrato a tiempo parcial se flexibilice todavía más y que se pueda imponer a los trabajadores con contrato a jornada completa; que se de carta blanca a las ETT´s; en definitiva, que el estado natural del empleo en nuestro país sea la más absoluta precariedad.
En materia de negociación colectiva, proponen que el Convenio Colectivo Sectorial sea meramente testimonial; que no se aplique a las nuevas empresas con menos de seis trabajadores durante un plazo de dos años; que se potencie el Convenio de empresa y que se facilite la imposición de modificaciones sustanciales; es decir, varias vueltas de tuerca a la reforma laboral que les regaló el PP.
En materia de despidos, reducir la indemnización a 12 días por año de servicio a los nuevos contratos de los llamados emprendedores y reducir las exigencias “formales” para la ejecución de despidos colectivos (antiguos ERE´s), para que los jueces sólo puedan, sí o sí, darles su bendición.
En materia de huelgas, que se establezcan las sanciones administrativas, civiles, laborales y penales a imponer a trabajadores y organizaciones sindicales; que no se pueda informar de una huelga convocada en las 24 horas anteriores a su celebración y que para ser convocada se haga por mayoría absoluta de los trabajadores en votación secreta. Nunca por los sindicatos.
A la CEOE, como buenos “liberales”, les molesta todo lo que se interponga entre su voluntad y la realidad que pretenden obtener. Ya no se trata sólo de los sindicatos, otrora organizaciones responsables capaces de canalizar los conflictos y encontrar soluciones negociadas, también les molestan los jueces, los tratados internacionales, el derecho de huelga y, en consecuencia, la Constitución. No les molestan, sin embargo las subvenciones que cogen con avidez con una mano mientras no se entera la otra, posada reverentemente ante las obras completas de Adam Smith.
Así que el título de este artículo: CEOE, o el contrapunto a Podemos es Jodemos, sería la respuesta que la organización patronal viene a dar a las reivindicaciones de mayor justicia social, mayor equidad en el reparto de las cargas que exige la crisis e impone el Gobierno y más participación ciudadana en los asuntos públicos que les importan y padecen, que parece ser está en el auge de un fenómeno electoral como Podemos.
Desde distintos ángulos y distintos medios se levantan escandalizadas voces que acusan al citado fenómeno como revolución bolivariana; sin embargo, no se escuchan ni tibias protestas por un planteamiento tan injusto, desproporcionado e ineficaz económicamente como el que representan las ocurrencias de la CEOE.
La recuperación de la economía española depende, en gran medida, de decisiones que escapan de la capacidad de los dirigentes en nuestro solar patrio, las últimas aportadas por Mario Draghi así lo evidencian, pero es igualmente verdad que nuestro país debería prepararse para cambiar su modelo de crecimiento, potenciar la industria de fuerte valor añadido, facilitar el acceso barato y eficiente a la energía, apostar por oportunidades de futuro en las que nuestras empresas han sido pioneras y se las ha dejado colgadas de la brocha, pero sobre todo, deberíamos ser capaces de colaborar. Es necesario recuperar el espíritu de compromiso con el país y sus ciudadanos que se puso en marcha y con éxito durante la, según algunos, mitificada Transición. Para ello es imprescindible el diálogo social con las organizaciones sindicales, capaces de afrontar con pragmatismo las necesidades que hagan posible una verdadera recuperación del empleo, de los salarios y de las condiciones de trabajo que definen su dignidad. Desgraciadamente, ni la cúpula patronal ni el Gobierno parecen dispuestos a transitar por este camino, su única alternativa es devaluar el papel sindical, la negociación colectiva y, de su mano, los derechos laborales; justamente lo contrario de lo que hace la tan admirada Alemania y caracteriza a los países más desarrollados de la Unión Europea.
Le cuesta a uno no ser pesimista cuando, visto lo visto, lo que se pretende no es garantizar un Estado Social y Democrático de Derecho bajo la Jefatura de Estado de una monarquía parlamentaria; sino más bien, y que me perdonen, una monarquía absolutista o el gobierno de los sátrapas. Algo debería haber entremedio, tal vez un enorme espacio para el sentido común cada vez más deshabitado.

Ismael Sáez Vaquero
Sec. General MCA-UGT-PV

Categoría: MCA-UGT PV

La necesaria modernización de las organizaciones sindicales.

De manera recurrente se le reprocha a las organizaciones sindicales estar ancladas en el pasado y no ser capaces de adaptarse a la realidad cambiante. Más allá de este tipo de generalidades, no encuentro ni un solo argumento que confirme esa máxima.

Desde el punto de vista comparativo, no sé a qué modelo sindical europeo se nos pretende enfrentar como referencia ni me consta que las diferencias se deban a las prácticas o manera de organizarnos unos y otros; más bien, las diferencias estriban en el papel que las legislaciones de unos y otros Estados miembros otorgan a las organizaciones sindicales. Así, mientras en la Europa más desarrollada social, industrial y materialmente, ni aún en tiempos de crisis se cuestiona el papel fundamental de los sindicatos, en España asistimos a una constante campaña de descrédito perfectamente orquestada e indocumentada. No me refiero a que no haya “documentos” sobre asuntos de corrupción en los que algunos sindicalistas puedan estar presuntamente implicados, sino a la falta de documentos que acrediten esa falta de modernidad que se nos atribuye.

La Constitución Española asigna a las patronales y a los sindicatos un papel determinante en la gestión y resolución de las controversias entre capital y trabajo, lo articula a través de la negociación colectiva y nos exige el esfuerzo hercúleo de responder a ese reto con la única fuente de financiación de las cuotas abonadas por los afiliados. Es decir, que las organizaciones sindicales están llamadas a intervenir en todos aquellos convenios colectivos que se negocian en nuestro país y en todos los conflictos en los que tenemos representación sindical, el 80% de las empresas con órganos de representación; por si esto fuera poco, el sindicato también interviene en el ámbito confederal y territorial en la negociación y concertación con los distintos gobiernos, Estatal y Autonómicos. En definitiva, hacemos lo que nuestros sindicatos hermanos hacen en el conjunto de la Unión Europea, pero con menos recursos, luego el hecho diferencial no estriba en esa supuesta falta de modernidad, sino en la carencia de recursos y reconocimiento para afrontar el papel constitucionalmente asignado. Un reciente estudio, por aquello de la “documentación”, venía a reconocer que el sindicalismo español es el que dentro de la Unión hace más con menos.

Tampoco tengo constancia ni se ha explicado suficientemente que en materia de formación ocupacional o continua la fórmula de excluir de una exigua parte de su gestión a las patronales y a los sindicatos, que es lo que hasta ahora hemos gestionado, garantice mayores ratios de eficacia y ausencia de corrupción, que por otra parte es lo que se pretende trasladar a la opinión pública sin otro argumento que el intentar convertir en general lo que es particular.

En esta difícil coyuntura es fácil trasladar la idea de que las organizaciones sindicales no están a la altura de las circunstancias, como si el sindicato tuviera la solución a todos los problemas o como si se nos hiciera caso en nuestras propuestas para la resolución de determinados problemas. Ni lo uno ni lo otro, ni tenemos la solución de todos los males ni es nuestro papel ni se nos hace caso. Cándido Méndez, la UGT, viene denunciando lo suicida de la política de recortes y austeridad desde el inicio de la crisis, lo hizo frente al Gobierno de Zapatero y lo sigue haciendo con el actual Gobierno de Rajoy, defiende y aboga por una mayor integración europea y ha venido aportando las soluciones de mutualización de la deuda, políticas económicas expansivas y estímulos al crecimiento que muchos años más tarde han hecho suyas aquellos que gobernaron hace poco y no pocos de los que gobiernan ahora, pero no se atreven a enfrentarse con la ortodoxia que dictamina Alemania y el PP europeo.
En un momento de crisis como el actual, el ciudadano dispara contra todo y contra todos, y en ese estado de desesperación justificado no distingue el papel ni la responsabilidad de unos y otros, especialmente cuando interesadamente algunos sitúan a los sindicatos como diana a la que disparar.

El sindicato está siempre abierto a la crítica, dispuesto a los cambios que le ayuden a mejorar, es decir, a ser más útil a los trabajadores y a la sociedad en la que vive y para la que trabaja; pero debe denunciar el trato injusto y discriminatorio que nuestra legislación le asigna respecto del sindicalismo europeo más avanzado. Ya sé que es difícil, con los tiempos que corren, exigir la financiación que nos corresponde si se quiere de verdad que el sindicato juegue el papel que se nos otorga y nos corresponde constitucionalmente, pero para entablar un diálogo honesto y constructivo se necesita decir las cosas con son o como uno las ve.

Nosotros, frente a aquellos que nos acusan de ser el sistema, debemos sentirnos orgullosos de ser y defender el sistema, la democracia que hemos contribuido a crear tras cuarenta años de dictadura; pero combatir, como lo hacemos, aquellas políticas que generan desigualdad, injusticia social y desamparo. El sindicalismo español está al lado de los trabajadores en cada empresa, en cada conflicto, en cada mesa de negociación, con sus fuerzas. Es un contrapoder, no es el poder, y éste tiene por definición el afán de debilitar cuanto contrapoder se le oponga. La pregunta es: ¿les vamos a dejar?

Ismael Sáez Vaquero

Secretario General de MCA-UGT PV

Categoría: crisis económica

EL 1º DE MAYO DE 2012

El 1º de mayo es un día de celebración, se conmemora la ejecución de los llamados mártires de Chicago, cinco sindicalistas que fueron ahorcados por su intervención en una huelga en 1886 que reivindicaba la jornada laboral de 8 horas diarias. Desde 1889, primer año en que se celebró el 1º de mayo, han sido muchos los avances y retrocesos en la justa lucha de los trabajadores por conquistar aquellos derechos imprescindibles para poder considerar el trabajo digno.

En nuestro país, la Constitución de 1978 supuso el reconocimiento de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y, por tanto, la posibilidad de reivindicar en libertad más y mejores condiciones salariales y laborales; pero también la responsabilidad de asumir nuestro compromiso con el interés general, el apoyo a la democracia (un bien siempre en peligro), la productividad y el crecimiento económico como elementos imprescindibles para la construcción de un Estado del Bienestar que nos acercara a los niveles de justicia social y progreso que disfrutaban los ciudadanos de los países europeos democráticos.

Es verdad que, desde aquel ya lejano 1978, la celebración del 1º de mayo ha perdido parte de su carácter reivindicativo, se ha desarrollado con altibajos al tiempo que las condiciones económicas, laborales y sociales de los españoles se iban equiparando a los estándares europeos de una Europa a la que pertenecemos, no solo geográficamente, sino de pleno derecho.
Sin embargo, este 1º de mayo de 2012, además de homenaje a los mártires de Chicago y a todos los trabajadores y trabajadoras que han dedicado gran parte de su vida a la dignificación del trabajo, es una oportunidad para defender ese Estado del Bienestar que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado alcanzar, para protestar contra la reforma laboral que abarata y facilita el despido, vulnera el derecho a la negociación colectiva y desequilibra las relaciones laborales en favor de los empresarios. Estamos asistiendo a la rendición de la política frente a los mercados, el voto de los ciudadanos ya no sirve para decidir nuestro destino colectivo, nuestros representantes políticos se limitan a gestionar las decisiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo o de las Agencias de Calificación para satisfacción de los mercados financieros.

Se nos imponen recortes en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, así como salarios más bajos y jornadas laborales más largas, con el falso argumento moral de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y debemos pagar tales excesos. Se nos amenaza con el mal mayor del despido y se nos promete empleo y progreso a cambio de sacrificios. Pero no hay progreso en el deterioro de las condiciones de trabajo ni en la destrucción de la cohesión social que el Estado debe garantizar, ni hay empleo que merezca tal nombre si sus condiciones han de ser reguladas por el libre juego de la oferta y la demanda y no por las organizaciones sindicales a través de la negociación colectiva.

Este 1º de mayo hay que salir a la calle, hay que participar en las manifestaciones convocadas a lo largo y ancho de nuestro país, hay que darle vida a nuestra democracia ejerciendo los derechos que nos otorga (entre otros el de reunión y manifestación), hay que exigir que los políticos cumplan sus promesas, hay que defender el Estado del Bienestar y, con él, la sanidad y la educación públicas que le dan sentido, hay que recuperar un 1º de mayo reivindicativo, sin miedo, pacíficamente, pero con la convicción de que el verdadero progreso está en considerar al ser humano como el sujeto fundamental al que debe atender el derecho, la actividad económica y la política. Hay que rechazar una vez más la reforma laboral y todo ello hay que hacerlo desde la indignación de sentir que se nos pretende arrebatar la dignidad.

Ismael Sáez, Secretario General de MCA-UGT PV

Categoría: MCA-UGT PV

La huelga general por responsabilidad

En la difícil situación económica que padece el conjunto de la Unión Europea, provocada en sus orígenes por el desplome de la burbuja financiera en Estados Unidos (hace ya casi cinco años) y sostenida de manera contumaz por políticas de ajuste en Europa, con un número de desempleados en España que supera los cinco millones y un Gobierno del Partido Popular que llevaba en su programa una reforma laboral que no iba a abaratar el despido, que quería un contrato único que diera solución a la dualidad y precariedad del mercado laboral y que no iba a subir los impuestos; las Organizaciones Sindicales más representativas, UGT y CCOO, pusimos en marcha un proceso de diálogo con la patronal para alcanzar un acuerdo en los plazos que el propio Gobierno nos exigía. Para ayudar a alcanzar ese acuerdo, nuestra Federación, MCA, suscribió el Pacto de Estructura Estatal para el sector del METAL y el Convenio General de la Construcción, en ambos casos firmamos con sendas vicepresidencias de CEOE y aceptamos moderaciones salariales, como nunca antes hubiéramos aceptado, porque la situación lo exigía y porque salvábamos el sistema de negociación colectiva que sustenta nuestro sistema de relaciones laborales.
No sé si gracias a esta ayuda, pero en cualquier caso días más tarde, se suscribe entre las dos grandes Confederaciones Sindicales y CEOE y CEPYME, el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Este acuerdo supone modificar un acuerdo anterior, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2012, que fijaba una banda salarial entre el 1,5 y el 2,5 como incremento para este año, y sustituirlo por otro que señala como incremento orientativo hasta el 0,5 en 2012 y hasta el 0,6 en 2013 y 2014; por otra parte supone abandonar el IPC como mecanismo de revisión salarial y sustituirlo por otros ligados al PIB y a la evolución económica de las empresas. En todo caso, supone aceptar una pérdida neta del poder adquisitivo. A cambio, el acuerdo aborda la reforma de la negociación colectiva, mantiene la ultraactividad de los convenios, establece las reglas para la flexibilidad interna en las empresas y regula otras materias que respetan la autonomía de las partes, la necesidad de acuerdos y el carácter normativo de los convenios y su estructura sectorial.
Pues bien, todo este esfuerzo para que el Gobierno del P.P., en connivencia con parte de la CEOE, imponga una Reforma Laboral que barre ese esfuerzo convirtiendo en papel mojado el Acuerdo que tanto se nos urgía alcanzar. Eso sí, pretenden quedarse con la moderación salarial y la revisión, todo lo demás se lo ha servido el Gobierno: Abaratan el despido a todos y como nunca, mantiene los mismos contratos temporales y crean el de emprendedores (parece que les de vergüenza llamarse empresarios) que supone estar un año en periodo de prueba (la precariedad más absoluta), se cargan la negociación colectiva sectorial dando prioridad aplicativa a los convenios de empresa, permiten el descuelgue del convenio pactado y la posibilidad de bajar los salarios con sólo dos trimestres consecutivos de disminución de ventas o ingresos, los ERE´s dejan de estar en manos de la Autoridad Laboral y bastan tres trimestres de bajada de ventas o ingresos para que el juez certifique los despidos que la empresa proponga, facilitan la modificación de las condiciones de trabajo pactadas negándole cualquier valor a los acuerdos, pactos de empresa o derechos adquiridos y, por último, amenazan con “regular” el derecho de huelga.
El Gobierno incumple sus promesas electorales: no da solución a la dualidad ni a la precariedad del mercado de trabajo, abarata el despido, incumple su compromiso de no subir impuestos, burlando de este modo también su promesa de subir las pensiones, nos exige un Acuerdo con la patronal y, cuando lo alcanzamos, lo ignora absolutamente.
¿Qué papel nos cabe desempeñar a las organizaciones sindicales y al conjunto de la sociedad que, con razón, se siente estafada?
Creo, sinceramente, que la respuesta es muy sencilla, la responsabilidad.
La responsabilidad es ejercer la democracia, un lujo si tenemos en cuenta lo que nos ha acontecido como país en los últimos doscientos años, los que han transcurrido desde que las cortes de Cádiz promulgaron la Constitución liberal de 1812. Los españoles no hemos disfrutado de verdadera libertad, en tan dilatado periodo, mas que en el breve lapsus de la segunda República y en los treintaitantos años transcurridos desde la Constitución de 1978. Una Constitución que consagra el derecho a la libertad de reunión, de manifestación, de prensa y de huelga, de asociación y sindicación, entre otros derechos. Por tanto, el ejercicio del derecho de huelga no es ya un acto revolucionario, sino, implemente, el ejercicio de un derecho constitucional, por tanto democrático.
La democracia no es, únicamente, el derecho al voto cada cuatro años, es la demostración de una sociedad libre, sin miedos, a ejercer su discrepancia con lo que aquellos que ostentan el poder prometieron para alcanzarlo y el contraste con lo que realmente están poniendo en práctica. La oposición, en democracia, es tarea de todos: Los parlamentarios en su ámbito y los ciudadanos en la calle.
Así pues, cuando desvergonzadamente se incumple lo que reiteradamente se prometió para alcanzar el poder y tanto se pone en riesgo lo que ha sido un anhelo de los españoles y un patrimonio de la ciudadanía europea, como lo es el Estado del Bienestar, la respuesta responsable de las organizaciones sindicales no puede ser otra que la convocatoria de una Huelga General. Más aún si cabe desde la Unión General de Trabajadores, un sindicato con casi 130 años de historia en defensa de los intereses de los trabajadores, que ha peleado por la democracia y la incorporación de nuestro país a la liga de países civilizados tanto como el que más.

La huelga general es un ejercicio de responsabilidad, que sólo las organizaciones sindicales pueden convocar y sólo los ciudadanos libres a secundar o rechazar.

Nosotros somos portadores de valores que, con gran esfuerzo, pusieron en pié Pablo Iglesias y unos pocos obreros más de la España decimonónica: La Justicia, la Solidaridad, la Educación y la honradez.

Ismael Sáez, Secratario General de MCA-UGT Pv

Categoría: MCA-UGT PV

Una Reforma Laboral cargada de ideología ultraliberal

La Reforma Laboral que ha aprobado el Gobierno, cargada de ideología ultraliberal, puede ser la gota que colme el vaso, o la chispa que prenda la mecha de la respuesta social a tanto agravio a los derechos de los trabajadores. El Gobierno de Mariano Rajoy, con una actitud arrogante tras obtener la mayoría absoluta de los votos de los ciudadanos el 20 de noviembre, ha emprendido una serie de reformas que posiblemente contenten a los mercados y, sobre todo a la troika que gobierna Europa, liderada por la canciller Merkel, pero son una ofensa para los trabajadores españoles, incluidos los ingenuos que les votaron.

Contra todo lo que había predicado durante la campaña electoral, la primera sorpresa desagradable que nos propinó el Gobierno fue la subida de impuestos y los recortes sociales, con congelación del Salario Mínimo Interprofesional, entre otros hachazos. Luego vino un simulacro de reforma financiera, con más dinero para los bancos y cajas en apuros, que tienen congelado el crédito a familias y empresarios. Ahora tocaba la Reforma Laboral, de la que también había dicho, como en el caso de otras promesas electorales incumplidas, que no abarataría el despido.

Pero, como nos temíamos, así ha sido, convirtiéndose en la agresión más grande que podíamos esperar.

Tendremos que explicar muy bien las consecuencias de esta Reforma para remover las conciencias que puedan estar dormidas, para promover movilizaciones de protesta.

Salvo los que no quieran ver la realidad, todos somos conscientes de que esta Reforma Laboral, potencia el desempleo y amplía la indemnización a 20 días por año, con un límite de 12 mensualidades, de forma generalizada por despido objetivo. No es una Reforma para crear empleo, como han venido cacareando desde el Gobierno, es la Reforma del despido único, como pretendían algunos de los poderes fácticos de la CEOE.

Si ahora, con la indemnización por despido de 45 días, hay 4,6 millones de parados registrados en los servicios públicos de empleo y casi 5,3 millones de parados, según la EPA, pronto tendremos 5 millones de parados registrados y 6 millones en la EPA.

Además, han dejado ‘barra libre’ para los Expedientes de Regulación de Empleo, que ya no requerirán autorización administrativa y, para colmo, presentan como ‘medida estrella’ el contrato indefinido de emprendedores, que no es más que una apuesta por la precariedad y la rotación de los trabajadores.

Esta medida subvenciona la contratación y deja la puerta abierta a un despido que le saldrá gratis, durante un año, al empresario subvencionado.

Para mayor desprecio a los trabajadores y sus representantes sindicales, deja en manos de los empresarios la potestad de modificar los salarios y todas las condiciones de trabajo, como los horarios o los traslados, cargándose así los acuerdos sobre Negociación Colectiva pactados por los agentes sociales; patronal y sindicatos.

Sin embargo, no se percibe que toda esta sarta de medidas ultraliberales suponga el más mínimo indicio de reactivación económica, sino más bien al contrario, impulsará la recesión.

En definitiva, Mariano Rajoy gobierna, impunemente hasta ahora, como si administrara un país intervenido, en sintonía con Grecia, Portugal o Italia.

Por Manuel Fernández López, “Lito”
Secretario General de MCA-UGT

Categoría: MCA-UGT PV

Un proceso de Negociación Colectiva marcado por la crisis

Todo proceso de una negociación colectiva se desarrolla en un contexto que es imprescindible conocer para poder adecuar nuestras estrategias a ese contexto en el que se va a desarrollar.

La Negociación colectiva que se va a desarrollar para el año 2012 va a tener, como primer elemento fundamental, el cambio de Gobierno, que se va a producir probablemente tras las elecciones generales.

Esta circunstancia va a condicionar, sin ninguna duda, la negociación colectiva, que puede verse afectada por una nueva normativa laboral. Además el contexto económico es fundamental a la hora de proceder a la negociación colectiva. Este año, nuevamente, vamos a tener un proceso de negociación colectiva marcado por la crisis profunda, de la que seguimos sin recuperarnos, y que va a condicionar el binomio salarios-empleo en el proceso de negociación.

Le negociación colectiva va a estar condicionada también por la reforma legislativa que ha modificado el proceso de negociación, una reforma que es imprescindible conocer para poder desarrollar toda la capacidad que nos da; una reforma que, entre otras cosas, establece, salvo pacto en contrario, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, de ámbito provincial o estatal, y que en nuestro caso, va a condicionar la estructura de la negociación colectiva por las capacidades que se pueden dar a un ámbito frente al otro.

Para analizar todas estas cuestiones, las jornadas de Negociación Colectiva, que todos los años desarrollamos, se centran en estos aspectos. Un primer panel analiza el contexto económico, tanto desde el punto de vista internacional como nacional. Ligado a él, analizamos la variable de productividad, que será una de las que hay que tener en cuenta para pactar los incrementos salariales en los próximos convenios colectivos. También prestamos atención especial a los procesos de mediación, y dedicamos también un panel a estudiar la nueva estructura de la negociación colectiva en la que, como digo, se establece la posibilidad de que los convenios estatales definan la estructura de la negociación colectiva y, salvo pacto en contrario, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios provinciales, hecho que habrá que intentar condicionar para los convenios de empresa que se pretendan establecer.

Por Carlos Romero González
Secretario de Política Sindical y Sectorial de MCA-UGT

Categoría: MCA-UGT PV

Nuestra federación ante la negociación colectiva

La recientemente impuesta Reforma de la Negociación Colectiva es el resultado de varios factores: la necesidad de reforma creada por los gurús de la economía liberal que entienden la negociación colectiva como un hándicap para la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo; los empresarios que ven una oportunidad en la crisis para recortar poder a los trabajadores y sindicatos que los representan; los partidos políticos que azuzan la discordia como fórmula de oposición al Gobierno; el Gobierno que no puede ofrecer debilidad ante los mercados financieros y debe acometer las reformas cuya necesidad ha asumido como propia; los sindicatos que hemos interiorizado la crítica de nuestra obsolescencia y debemos modernizarnos; una patronal que representa a muchas patronales con intereses no siempre coincidentes; y, por último, un resultado electoral, el pasado 22 de mayo, que alienta las posiciones empresariales más alineadas y radicales, haciendo saltar por los aires un compromiso de acuerdo que ya estaba hecho.

En todo caso, esta Reforma que todavía debe superar su tramitación parlamentaria, y por tanto, no sabemos cuanto tiempo permanecerá como hoy la conocemos, está plenamente en vigor. Así pues, a partir del mes de septiembre tendremos que abordar la negociación dentro del nuevo marco que esta Reforma supone. Y es este el reto fundamental que debemos acometer, más allá de consideraciones respecto de qué reforma nos hubiera gustado o de lo que hubiera podido ser y no fue.

El primer riesgo que debemos acometer es el carácter prioritario que se otorga a la negociación colectiva en la empresa frente a la negociación colectiva sectorial, y para ello la propia reforma nos ofrece alternativas, ya que los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal o autonómico pueden pactar contra ese criterio o prioridad. En nuestro caso, el de MCA, todos los Convenios Colectivos Sectoriales que nuestra Federación negocia, salvo el del metal y el autonómico del azulejo, tienen ámbito estatal; de manera que es en este ámbito donde tenemos que actuar para vertebrar la negociación colectiva determinando las materias que deben ser objeto de negociación en cada territorio. Otro tanto nos sucede con el autonómico del azulejo, que igualmente está habilitado para determinar qué papel debe jugar la negociación en la empresa.

El problema surge en relación con el sector del metal, en donde la negociación colectiva es provincial y la posibilidad de alcanzar un marco estatal no parece que se resuelva de manera inmediata, aunque tal vez esta reforma ayude a su consecución más rápidamente de lo previsto. Nuestra Federación Estatal está trabajando intensamente en esta dirección, pero nosotros debemos abordar a partir de septiembre la negociación del convenio colectivo sectorial del metal de Valencia sabiendo que su fuerza se ve claramente mermada por la preeminencia que la reforma otorga al convenio colectivo de empresa. La alternativa podría ser, caso de no producirse avances en el logro de un convenio estatal del metal, promover un convenio de este sector para toda la Comunidad Valenciana, pero la distintas patronales provinciales están todavía muy lejos de considerar este ámbito. Así pues y mientras tanto, debemos informar y formar a nuestros delegados y delegadas en las empresas, y a los trabajadores y trabajadoras en general sobre los riesgos que prestarse a negociar convenios de empresa puede implicar para sus salarios, jornada y condiciones de trabajo.

Otra de las modificaciones que la Reforma incorpora es la ultraactividad a término: si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la negociación de un convenio tras un plazo de ocho o catorce meses, según los casos, debemos acudir a un arbitraje obligatorio, a no ser que pactemos en el ámbito intersectorial del País Valenciano el procedimiento de solución de esta controversia. Esta es la clave, y en tal sentido disponemos del acuerdo que dio lugar al nacimiento del Tribunal de Mediación y Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, por lo que también este riesgo está en gran medida neutralizado.

Por último, y por referirnos sólo a lo más relevante, la Reforma incorpora como contenido mínimo de los convenios “medidas para contribuir a la flexibilidad interna de las empresas”, obligando a pactar “un porcentaje máximo y mínimo de la jornada de trabajo que podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año. Salvo pacto en contrario, este porcentaje será de un cinco por ciento.”

También nos obliga a pactar “los procedimientos y los periodos temporales y de referencia para la movilidad funcional en la empresa.”

Estas exigencias, al menos en parte, están plasmadas en más de un convenio. No obstante, van a suponer un trabajo importante en la discusión y elaboración de las plataformas sindicales que a partir de septiembre debemos contraponer a las demandas patronales.

Para concluir, la Reforma de la Negociación Colectiva supone un cambio en las reglas del juego, pero seguimos siendo los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales, y los empresarios, a través de sus patronales, los protagonistas. Ahora, como siempre, necesitamos más y más trabajadores y trabajadoras concienciados de que sólo juntos podemos oponer a los intereses ajenos nuestros intereses.

Ismael Sáez, Secretario General de MCA-UGT PV

UGT reivindica la negociación

El cinismo con el que se atribuye el elevado desempleo que tenemos en España a las rigideces del mercado de trabajo por causa del excesivo poder de los sindicatos desde determinados círculos políticos, económicos y/o empresariales, ha quedado evidenciado hace unos días cuando el máximo ejecutivo de Ford en Europa anunció una inversión multimillonaria en la factoría que esta automovilística tiene en Almussafes.

Muchos han querido apuntarse la autoría de esta excelente noticia. Desde el presidente del Gobierno, que ha felicitado por su gestión al ministro de Industria, o el propio presidente de la Generalitat Valenciana, incluso algún representante empresarial. Todos ellos, paradójicamente, defensores de la modificación del sistema de negociación colectiva, de lo que han hecho un objetivo irrenunciable, inaplazable e imprescindible para estabilizar la confianza de los inversores en la solidez de la economía española.

La inversión anunciada por Ford en la planta de Almussafes, en la que se van a fabricar dos nuevos modelos, un todoterreno en sus distintas versiones y una furgoneta ligera, no es una decisión empresarial arriesgada. Es una inversión segura que pone de manifiesto, sobre todo, la confianza de la multinacional Ford en el marco de relaciones laborales que la dirección de la empresa y el sindicato UGT han creado a lo largo de muchos años de estrecha relación.

Lo que anunció Ford hace unos días es muy importante, pero no es lo único que ha pasado en esta factoría en los últimos meses. Hace un año aproximadamente, se empezó la fabricación en exclusiva para todos los mercados del Ford C-Max en todas sus versiones. Y desde hace poco más de un año, la producción de motores se está incrementado de manera continuada, lo que va a suponer pasar de las aproximadamente 200.000 unidades que se fabricaron el pasado año a las más de 700.000 unidades que se prevé fabricar a partir de 2013.

Y mientras todo esto está pasando aquí, un día sí y al otro también, tertulianos con escaso conocimiento del mundo del trabajo, empresarios obsesionados únicamente con la repercusión de los costes del factor trabajo en los costes generales de fabricación y políticos llevados por la ola neoliberal que los arrastra, siguen insistiendo ciegamente en que la única manera de crear empleo es desregulando el mercado de trabajo.

Convendría que se preguntaran qué es lo que ha pasado aquí para que una multinacional como la Ford haya decidido invertir en Valencia cerca de 150.000 millones de las antiguas pesetas -dicho en pesetas se observa más claramente la enorme cuantía de esta inversión- y diga que va a crear en breve plazo de tiempo varios cientos de puestos de trabajo.

Pero, como casi nadie se lo ha preguntado ni lo ha preguntado a quienes conocemos el proceso seguido en los últimos años, hay que recordar que las inversiones asignadas a Valencia forman parte de un acuerdo en el que los trabajadores asumieron el compromiso de hacer más productiva la planta valenciana de Ford en un clima laboral sin sobresaltos y la compañía Ford se comprometió a mantener las inversiones en nuevos productos en un futuro, que ya es presente.

A dios lo que es de dios y al césar lo que es del césar. UGT reivindica la negociación que llevarnos a cabo con el entonces presidente de la compañía Ford en Europa que culminó el día 29 de agosto de 2007 con la firma del acuerdo de inversiones.

La clave de todo es que a través de la negociación colectiva hemos alcanzado un marco de relaciones laborales lo suficientemente flexible como para garantizar a la compañía Ford la rentabilidad de sus inversiones en Almussafes y a los trabajadores la seguridad en el empleo sin tener que renunciar a sus derechos. Y así, hemos ganado la confianza de ambos, la de la compañía Ford y la de la plantilla.

La experiencia, el saber hacer, la capacidad de adaptación y la madurez de la plantilla y el clima social propician en Ford una alta productividad y unos estándares de calidad cuyo valor es más importante que los costes laborales, que solo representan una parte muy pequeña de los costes generales de fabricación de un coche. Como se ha dicho estos días, haciendo alusión a la magnífica inversión que va a recibir Almussafes, invertir en España es una buena idea.

En conclusión, podemos extraer de nuestra experiencia en Ford que la intervención más eficaz para resolver los problemas laborales no es desregulando el mercado de trabajo y diluyendo el papel de los sindicatos en la negociación colectiva, como se pretende.

Carlos Faubel, Secretario General MCA-UGT Ford

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