En todo caso, esta Reforma que todavía debe superar su tramitación parlamentaria, y por tanto, no sabemos cuanto tiempo permanecerá como hoy la conocemos, está plenamente en vigor. Así pues, a partir del mes de septiembre tendremos que abordar la negociación dentro del nuevo marco que esta Reforma supone. Y es este el reto fundamental que debemos acometer, más allá de consideraciones respecto de qué reforma nos hubiera gustado o de lo que hubiera podido ser y no fue.

El primer riesgo que debemos acometer es el carácter prioritario que se otorga a la negociación colectiva en la empresa frente a la negociación colectiva sectorial, y para ello la propia reforma nos ofrece alternativas, ya que los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal o autonómico pueden pactar contra ese criterio o prioridad. En nuestro caso, el de MCA, todos los Convenios Colectivos Sectoriales que nuestra Federación negocia, salvo el del metal y el autonómico del azulejo, tienen ámbito estatal; de manera que es en este ámbito donde tenemos que actuar para vertebrar la negociación colectiva determinando las materias que deben ser objeto de negociación en cada territorio. Otro tanto nos sucede con el autonómico del azulejo, que igualmente está habilitado para determinar qué papel debe jugar la negociación en la empresa.

El problema surge en relación con el sector del metal, en donde la negociación colectiva es provincial y la posibilidad de alcanzar un marco estatal no parece que se resuelva de manera inmediata, aunque tal vez esta reforma ayude a su consecución más rápidamente de lo previsto. Nuestra Federación Estatal está trabajando intensamente en esta dirección, pero nosotros debemos abordar a partir de septiembre la negociación del convenio colectivo sectorial del metal de Valencia sabiendo que su fuerza se ve claramente mermada por la preeminencia que la reforma otorga al convenio colectivo de empresa. La alternativa podría ser, caso de no producirse avances en el logro de un convenio estatal del metal, promover un convenio de este sector para toda la Comunidad Valenciana, pero la distintas patronales provinciales están todavía muy lejos de considerar este ámbito. Así pues y mientras tanto, debemos informar y formar a nuestros delegados y delegadas en las empresas, y a los trabajadores y trabajadoras en general sobre los riesgos que prestarse a negociar convenios de empresa puede implicar para sus salarios, jornada y condiciones de trabajo.

Otra de las modificaciones que la Reforma incorpora es la ultraactividad a término: si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la negociación de un convenio tras un plazo de ocho o catorce meses, según los casos, debemos acudir a un arbitraje obligatorio, a no ser que pactemos en el ámbito intersectorial del País Valenciano el procedimiento de solución de esta controversia. Esta es la clave, y en tal sentido disponemos del acuerdo que dio lugar al nacimiento del Tribunal de Mediación y Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, por lo que también este riesgo está en gran medida neutralizado.

Por último, y por referirnos sólo a lo más relevante, la Reforma incorpora como contenido mínimo de los convenios “medidas para contribuir a la flexibilidad interna de las empresas”, obligando a pactar “un porcentaje máximo y mínimo de la jornada de trabajo que podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año. Salvo pacto en contrario, este porcentaje será de un cinco por ciento.”

También nos obliga a pactar “los procedimientos y los periodos temporales y de referencia para la movilidad funcional en la empresa.”

Estas exigencias, al menos en parte, están plasmadas en más de un convenio. No obstante, van a suponer un trabajo importante en la discusión y elaboración de las plataformas sindicales que a partir de septiembre debemos contraponer a las demandas patronales.

Para concluir, la Reforma de la Negociación Colectiva supone un cambio en las reglas del juego, pero seguimos siendo los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales, y los empresarios, a través de sus patronales, los protagonistas. Ahora, como siempre, necesitamos más y más trabajadores y trabajadoras concienciados de que sólo juntos podemos oponer a los intereses ajenos nuestros intereses.

Ismael Sáez, Secretario General de MCA-UGT PV

Es verdad que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, la presente crisis se ha llevado por delante algo más de dos millones de puestos de trabajo; pero no es menos cierto que una gran parte del empleo destruido estaba relacionado directa o indirectamente con el sector de la construcción, y todos sabemos hasta que cotas de desproporción ha jugado en el crecimiento español este sector.

Atendamos ahora a otro de los axiomas que se aducen para exigir la reforma de la negociación colectiva: la productividad, o más bien la baja productividad de la industria española, que es la que compite en el exterior aunque, mayoritariamente, en el interior de las fronteras europeas. No vale determinar la productividad incorporando sectores económicos intensivos en mano de obra que además de no competir fuera de nuestras fronteras no tienen aquí competencia exterior, pongamos por caso la construcción. Por tanto, valorando fundamentalmente la productividad de nuestra industria observamos que lejos de disminuir ha crecido en términos relativos con nuestros competidores, tal y como lo pone en evidencia el aumento sostenido de las exportaciones durante el periodo considerado.
Recientemente, he podido leer a algún experto valorar muy positivamente, hasta el punto de ponerlo como ejemplo de lo que debería ser la reforma de la negociación colectiva, el proceso de pactos salariales y de condiciones de trabajo alcanzados en el sector de fabricantes de automóviles y componentes; pero claro, como en otros sectores y empresas no se actúa del mismo modo, el experto concluye que hay que imponer la reforma. Sin embargo, me temo que esto tampoco es del todo verdad: en la totalidad de sectores industriales, siempre y cuando la empresa por su tamaño lo permita, se han llegado a acuerdos de todo tipo con el mismo objetivo, mantener el empleo. Es decir, que los representantes de los trabajadores y los sindicatos que los sostienen han priorizado el mantenimiento de los puestos de trabajo siempre que esa oportunidad ha sido contemplada por las empresas o se ha vinculado a un plan de viabilidad. Cuando dicha alternativa no era posible o simplemente no formaba parte de la estrategia empresarial, la fórmula de ajuste ha sido el empleo.

¿Qué es lo que se nos está proponiendo de verdad? Pues me temo que lo que se pretende es lo que los mal llamados liberales defienden desde siempre, que el mercado actúe libremente ajustando salarios y empleo: si no hay trabajo deberán bajar los salarios hasta alcanzar el punto de equilibrio.

De cara a la galería todos se apuntan a la inversión, el desarrollo y la innovación como los factores de competitividad fundamentales; pero cuando se proponen reformas éstas se dirigen en otra dirección: contra los sindicatos, contra la negociación colectiva, contra el salario mínimo interprofesional o contra cualquier elemento que distorsione el libre funcionamiento del mercado. La apuesta no es más I+D+i, sino peores condiciones de trabajo y salario.

Estamos viviendo la peor crisis económica desde la Gran Depresión, su origen indiscutido obedece a la desregulación de los mercados financieros, su primera consecuencia ha sido el colapso del sistema financiero y, para evitarlo, la movilización de ingentes cantidades de dinero público, generando déficits enormes que hemos tenido que pagar destruyendo empleo y bienestar social; sin embargo, los responsables ideológicos de un modelo económico que nos ha traído hasta aquí son los que nos dicen lo que hay que hacer y, lo más sorprendente, a quienes la opinión pública parece hacerles caso.

Yo no sé si en las actuales circunstancias un acuerdo en materia de negociación colectiva, que los sindicatos deseamos, nos sacará del atolladero económico; pero estoy seguro de que o el conjunto de la sociedad europea abre los ojos y las conciencias y reacciona frente a la dictadura de los mercados o pondremos en peligro no sólo el estado del bienestar, sino la propia democracia.

Ismael Sáez (Secretario General de MCA-UGT PV)

Como sabéis, cada principio de año, se revisan y se firman las tablas salariales según lo que marca el Convenio Colectivo del sector.

Sin embargo, esta vez, la patronal de Alicante mostró a los sindicatos la necesidad de que hicieramos concesiones ante la grave situación crítica que estamos pasando. En concreto piden un plazo hasta diciembre del 2011 para pagar los atrasos, así como que la subida salarial de este año en vez de ser el 1,5%, tal y como corresponde, sea del 0,5%.

En esta situación se han producido tres reuniones en la que los sindicatos intentamos explicar que esta subida salarial ya se firmó en un escenario crítico en el que ya se hizo un esfuerzo por parte de la parte de los trabajadores.

Despues de no llegar a ningún acuerdo, los sindicatos tomamos la iniciativa y puesto que hay precedente, acudimos a una reunión con Rocamora, Director General de Trabajo de Alicante donde se expone la situación y se explica la intención de registrar las tablas para su publicación sin la firma de la patronal.

Esta es la situación conflictiva que se ha creado por la intransigencia de la patronal. El próximo día 4 se realizará una reunión con la patronal a ver si se consigue que se claudique y que estas tablas se puedan firmar con la rúbrica de todos los agentes sociales.

En el año 2007, cuando se llegó al acuerdo con Ford Europa, se marcaron las guías de lo que sería el futuro Convenio Colectivo. Se hablaba de productos nuevos e inversiones a cambio de no perder poder adquisitivo y de mantenimiento de empleo.

En una primera instancia, los trabajadores de la factoría valenciana rechazaron el Convenio debido a la presión de la compañía que, ante la situación económica de ese momento, no hablaba del futuro de los relevistas, unos 1.200 en la actualidad, con toda la claridad que reflejaba el acuerdo con Ford Europa.

En estos momentos, la situación es diferente, ya que se ha logrado convencer a la Compañía de que el acuerdo suscrito ha de cumplirse en su totalidad.

Por ello, en la propuesta, que recoge una subida salarial del 2% con cláusula de revisión y que sería válida para cinco años, los relevistas irían convirtiéndose en fijos próximamente. En cinco años, esta medida afectaría a 1.000 personas aproximadamente.

Además, la situación de crisis y la pérdida del tercer turno ha provocado que exista un excedente de 600 personas, para los cuáles se ha buscado la siguiente fórmula: 400 personas irían al paro con el compromiso de ser rescatados durante los próximos 3 años a través de prejubilaciones y cobrando durante este espacio de tiempo, tengan o no paro suficiente, un 90% del sueldo. Los otros 200 se acogerían de manera voluntaria a un plan de prejubilaciones voluntarias, y esta medida afectaría sobre todo a técnicos y administrativos de 58 a 62 años.

Este convenio es una propuesta, tal y como se presenta la situación económica, que representa las mejores condiciones que se podrían firmar en todo el sector automovilístico a nivel nacional, por lo que resulta incomprensible que en otras fábricas UGT y CCOO hayan llegado a un acuerdo, con condiciones inferiores, y no así en la factoria de Almussafes.